PARA INICIAR EL DEBATE SOBRE EL EDITORIAL DE LA NACIÓN DEL 23/11/2015

PARA INICIAR EL DEBATE

SOBRE EL EDITORIAL DE LA NACIÓN DEL 23/11/2015

La Nación declara que “siempre será indispensable construir a partir de la verdad completa”, pero esto es justamente lo que elude hacer, como es lo absolutamente usual en los voceros del poder dominante basado en históricos crímenes, engaños, usurpaciones e injusticias.
Si se quiere exponer la verdad completa de los acontecimientos que determinaron los enfrentamientos violentos de la década del ‘70 no se puede obviar desfachatadamente su causa anterior inmediata, lo que es de práctica en los maquiavélicos recortes de la historia con que la derecha procede siempre a trampear la verdad de los sucesos.
En primer lugar mienten alevosamente al decir que la actividad de aquella guerrilla argentina de izquierda “en nada se diferencia” a los actos de terrorismo perpetrados en Europa. Pretenden engañar a las nuevas generaciones que carecen de un conocimiento de la realidad histórica nacional dando una imagen de la guerrilla como generadora de masacres sobre la población civil. Eso es completamente falso. La guerrilla accionaba de manera direccionada contra quienes consideraba los responsables y grandes beneficiarios de las dictaduras que asaltaron el poder civil desde 1955, sobre todo militares y empresarios enriquecidos. La colocación de bombas durante todo el periodo entre 1970 y el golpe de 1976 fue con artefactos explosivos de baja potencia, y las víctimas casuales de las acciones fueron muy pocas, como indica el propio general Díaz Bessone en su libro sobre el tema. Y no hubo atentado destinado a producir masacre, hasta la comisión de dos actos de ese tipo ya durante la dictadura de Videla, en dependencias de las fuerzas policiales, no en un espacio público civil. Y no podría ser de otro modo, siendo que la guerrilla intentaba lograr la adhesión del pueblo.
Pero esta gran mentira que expresa La Nación va adjunta a ocultar aquello que realmente fue la peor masacre terrorista del país, cuando las fuerzas militares serviles a la oligarquía y a los intereses del poder extranjero masacraron en Plaza de Mayo a casi 400 personas e hiriendo a más de mil, asesinando de manera realmente indiscriminada a tantos transeúntes casuales y entre ellos a muchos niños, con el motivo de derrocar a un gobierno elegido en democracia, aunque de cierta índole autoritaria.
Y fue ése el hecho que marcó el comienzo de la violencia “que incendió el país”. Es decir, el incendio lo originaron los sectores que han sido tradicionalmente representados por La Nación. A esa masacre siguió el golpe de Estado, a pesar de que en esos meses el presidente Perón había decidido abrir los espacios en medios de comunicación para la libre opinión de los opositores; pero a la derecha eso no le importaba; su objetivo era terminar con las bases de un poder popular y comenzar a desposeer a los trabajadores de su capacidad adquisitiva, a la vez que dar ingreso a los monopolios extranjeros y al poder financiero internacional.
Para La Nación nada de esto tiene importancia. Nada de esto es digno de mención; esto no existe; de esto no se habla.
El derrocamiento del gobierno civil condujo directamente a acciones de rebelión violenta y a huelgas importantes en la llamada “resistencia peronista”, y que la dictadura de usurpadores criminales que se apoderó del Estado reprimió con salvajismo, sin privarse de masacrar a los civiles que supuestamente conspiraban contra ella. ¿Esto no es incendiar el país?
La represión continuó en el gobierno falazmente democrático de Frondizi. Falaz porque el masivo partido peronista estaba prohibido, y porque Frondizi traicionó los acuerdos con el mismo, que le habían dado la victoria en las elecciones del ’58. Tras el nuevo golpe de Estado del ’62, también las elecciones del ’63 fueron igual de restringidas y, a pesar de que el gobierno de Illía permitió el regreso a la actividad política del peronismo, habría de impedir el regreso de Perón, aunque ello no le sirvió para evitar que los militares volvieran a asaltar el poder en el ’66 por motivo de que Illía no hacía todos los deberes tal como ellos y su directriz imperial norteamericana lo exigían.

 Las manifestaciones populares contra la dictadura en el ’69 (Cordobazo, Rosariazo) fueron respondidas con nuevas masacres. Fue ese nuevo contexto (dentro de la reiterativa continuidad de usurpaciones, crímenes y desfalcos económicos) lo que dio inicio a las acciones de los grupos guerrilleros en 1970.

 Permítanme repetir la pregunta ¿quiénes fueron entonces los que incendiaron el país? Y también permítanme preguntar ¿qué se supone que deben hacer los ciudadanos más imbuidos de patriotismo y de anhelos de justicia social cuando su país es sometido violentamente por un devenir de cruentas tiranías, y sus recursos entregados para beneficio de oligarcas y potencias extranjeras? ¿Deben quedarse tranquilamente en sus casas viendo cómo triunfan los más encumbrados ladrones y se imponen sobre la población los más sádicos represores? ¿Deben manifestarse pacíficamente para ser llevados a la cárcel y torturados hasta que ya no les queden ganas de protestar?
La respuesta en parte la brinda la reforma constitucional de 1994, en su artículo 36, que otorga al ciudadano un ambiguo derecho de resistencia ante la eventual usurpación del poder democrático.
Pero sobre todo la brinda la historia del país desde 1810, en los hechos de violencia militar y civil que la misma clase dominante, entronizada a partir de ellos, ha instituido como la epopeya patria. Claro, cuando la violencia fue para su conveniencia es calificada como el más alto grado del heroísmo y la abnegación, pero cuando la violencia surgió contra sus crímenes, sus tremendos abusos y la entrega al imperio resulta ser calificada como terrorismo subversivo. ¡Pero cómo es posible que no se mencione jamás que subversivos fueron todos los golpes de Estado! ¡Ni se mencione que subversivos fueron todos los militares y civiles involucrados en ellos! No, a todo eso se le llama “pronunciamientos militares”.
¿Y cómo no decir que el verdadero terrorismo fue el desplegado desde los atentados contra el gobierno peronista, la masacre del ’55 y toda la represión, prohibición y persecuciones que vinieron después? Entonces, ¿quiénes fueron los culpables de la violencia?
¿Y quiénes fueron los patriotas que salieron a enfrentar al poder armado criminal que se había apoderado del país para el beneficio de unos pocos millonarios locales y extranjeros?
También puede alegarse que el tipo de violencia urbana clandestina no tiene el mismo cariz moral que la presentación de ejércitos en campos de batalla, como el de las grandes gestas de la independencia. Pero en esto tenemos que entender dos cosas: la primera es que durante la guerra de independencia no puede haber faltado todo una accionar represivo contra la población civil adherente al bando español, cosa que la historia oficial no registra, pero que por ejemplo emerge en el dictado de Belgrano de fusilar a todo el que se resistiera en la concreción del éxodo jujeño. El segundo aspecto es que en la Argentina de 1970, dominada por un poderoso ejército moderno, es absolutamente impensable el despliegue espontáneo de milicias populares como en el siglo anterior. Así que persiste la pregunta: ¿qué se supone que debían hacer los jóvenes patriotas para librar a su país de esa sucesión de tiranías que ejercían el más innegable despotismo?
Para la clase dominante y su pensamiento tradicional es muy natural que al autoritarismo de Perón y su política populista se respondiera con la masacre terrorista sobre la población civil, golpes de Estado y ominosas dictaduras, pero le llaman subversión y terrorismo a la rebelión violenta patriótica contra los personeros y beneficiarios empresariales de esas dictaduras asesinas y vendepatria.

 Hasta ahora resumí dos momentos de inicio de la violencia, el de 1955 y el de 1970, ambos causados por la ambición y la crueldad de la clase dominante y su ejército mercenario.
Ahora nos falta describir lo sucedido en un tercer momento: el de 1973:

 Al asumir el gobierno de Cámpora, los montoneros cesaron su actividad violenta, ya que compartían el gobierno en ciertos niveles, aunque de manera bastante endeble, como pronto se vio, y hasta colaboraron en un operativo cívico-militar con el ejército. El Erp, a pesar de un mensaje señalando que continuaría el accionar contra los responsables y beneficiarios de la dictadura tampoco realizó acciones de violencia durante los dos meses que duró ese gobierno. No se debe pasar por alto que Cámpora les había solicitado una tregua, pero sin llegar a negociar a cambio ninguna participación política, aunque se liberó a los militantes y combatientes presos y cesó la represión. Pero tampoco fueron enjuiciados ni castigados de ninguna manera los culpables de la tiranía y los despojos que se habían cometido contra el pueblo, los cuales para el hacer del gobierno democrático quedaron completamente impunes, como si nada hubiera sucedido.

 ¿Y qué fue lo que volvió a desatar la violencia en 1973?: la masacre producida en Ezeiza por los paramilitares de ultraderecha que dispararon sobre las masivas columnas de montoneros y la juventud peronista. Una nueva masacre, dispuesta por la misma fuerza antipopular que conglomeraba a la dirección oligárquica-burguesa, a los militares mercenarios, a políticos y jueces a su servicio y a las bandas fascistas que se organizaron inmediatamente en la democracia, insertas como el ala derechista del gobierno.
A partir de esa nueva masacre el Erp retomó las armas y los montoneros lo harían más tarde, cuando ya el terrorismo de Estado se había desarrollado de la manera más contundente con los crímenes de la triple A, de los cuales nunca ninguno fue investigado ni ninguno de los culpables jamás apresado ni conocido, ya que todo el aparato represivo del gobierno estuvo puesto contra la izquierda “subversiva”.

Y aquí otra pregunta ¿qué se supone que debe hacerse en una democracia cuando bandas fascistas comienzan a masacrar a los militantes populares para convertir a esa democracia en una nueva dictadura? ¿Cuál es la acción que deben llevar a cabo los ciudadanos conscientes de la opresión que se abate sobre su país?
Tal como sabemos, en el gobierno electo del nazismo los judíos fueron destinados a la persecución, la esclavitud y el exterminio, no se trata de preguntar qué debieron hacer ellos, porque eso es un pasado ya dado, sino de preguntarse qué deben hacer los ciudadanos ante el surgimiento del terrorismo de Estado dentro de un gobierno elegido democráticamente.


Mi respuesta personal a esa pregunta es que siempre se debe evitar la violencia social y en general todo tipo de violencia, por su contenido de crueldad y las consecuencias trágicas directas y colaterales. Pero no podemos criticar a San Martín por no haber cruzado la cordillera con una bandera blanca y al grito de paz y amor, porque es de comprenderse cómo la violencia ha sido y es parte de la realidad humana, de la misma manera que será de comprenderse que la rebelión de los setenta asumiera la forma del llamado a la guerra popular, sobre todo pensando en que lo jóvenes que se incorporaron a ella habían sido educados por la escuela oficial en los valores y proezas de la lucha por la independencia patria.
De todos modos querría saber cuántas personas responderían con la misma convicción de pacifismo con que yo lo hago, y si no serían en general más bien proclives a declaraciones de tenor violento frente la idea de cualquier circunstancia que afectara su seguridad o sus creencias básicas en cuanto a la forma de vida.
Porque en verdad, en el transfondo del repudio al accionar guerrillero de los '70 no está un rechazo de la violencia, sino a los postulados de justicia social que sostenían quienes la llevaron adelante, y que implicaban despojar del poder a la clase dominante que se ha apropiado de las riquezas del país.

Así que tal como acabamos de ver, tres momentos de inicio de violencia fueron causados por masacres y grandes represiones de la derecha (Plaza de Mayo, Cordobazo, Ezeiza) las que son silenciadas en el recuento de los hechos por La Nación y demás emisores de esa ideología de la élite dominante, verdaderamente antidemocrática.
De la acción guerrillera se debe señalar su error político al creer que la población estaría dispuesta a acompañarlos en una cruzada bélica operada en forma absurda y fatídica, que creyó semejarse a los casos triunfantes de Cuba o Vietnam, pero que no pudo entender que las condiciones del país eran absolutamente diferentes y que encarar las cosas como lo hicieron sólo podía llevar a los resultados más funestos, haciendo que todas las muertes y desgracias producidas por su acción haya sido sangre vertida injustamente, no porque los responsables de las dictaduras y su cohorte de opresores no merecieron un justo castigo, ya que fueron grandes culpables de delitos y crímenes, sino porque todo ello no concluyó en la mínima concreción en favor de una justicia social, sino todo lo contrario.

Pero de la editorial de La Nación podríamos destacar además otra serie de mentiras que expresa:

 Que el kirchnerismo calificó a la miltancia de los ‘70 de “juventud maravillosa”. No es cierto, eso sólo lo dijo Perón en su momento, pero el kirchnerismo no lo repitió, a los sumo se habló de jóvenes idealistas.
Pero en verdad también el kirchnerismo se dispuso a no debatir la historia de los años ’70, en parte por las contradicciones que ello provoca con la imagen de Perón y en parte porque no ha tenido una tendencia a la polémica intelectual, así que solo se centraron en los crímenes contra los derechos humanos en la última dictadura, sin extenderse en el análisis político-económico, que por ejemplo llevaría a tener que imponer una confiscación a todas las empresas que se beneficiaron con la estatización de la deuda externa, y varias cosas más.


Mienten al hablar de “eficacia de las operaciones militares” de la represión, cuando en su inmensa mayoría fueron asaltos a domicilios y secuestros de personas.

 Mienten al decir que la moral de los militares y la de los rebeldes no era la misma. Los guerrilleros no torturaban ni violaban. Y eso demuestra de por sí una abismal diferencia entre el sadismo de los militares mercenarios al servicio de la clase dominante y el imperio, y la actitud de unos jóvenes que, sin tener ninguna obligación para ello y sin obtener nada a cambio más que el sacrificio de sus vidas, decidieron combatirlos.

Además, parece que La Nación desconoce que el fascismo es el alineamiento militarizado y la masificación, con ciertas excusas ideológicas, en defensa de las estructuras de poder de los grandes propietarios, con persecución y represión al pensamiento opositor, lo cual es contrario al carácter de la guerrilla argentina, basada en un frondoso criterio político, que invocaba el logro de un orden igualitario y que, por ejemplo, nunca realizó atentado alguno contra la libertad de expresión.

Y también es una enorme mentira que la cultura de la venganza ha sido predicada desde los medios de difusión del oficialismo kirchnerista. Ya que jamás se alentó a llevar a cabo escraches o cosas similares. Lo que La Nación no quiere es que los responsables de dictaduras al servicio de la dominación de clases sean sancionados legalmente. A esa sanción legal, a los juicios y condenas conducidas por las normas legales le llaman “cultura de la venganza”. Cuando en realidad es absolutamente necesario que no queden impunes los que usurpan los poderes de un gobierno constitucional, porque ellos sería el peor de los ejemplos de impunidad para el futuro. Debe saberse que esos crímenes y delitos no pueden quedar sin castigo.

 Pero a la vez es cierto que si un detenido ha cumplido cierta edad debe seguir su condena en domicilio privado. Eso también debe cumplirse, es una norma legal y un concepto de derechos humanos.

Si La Nación reclama “debatir con quienes sembraron la anarquía en el país” (pero, como vimos, eso fue responsabilidad de las masacres de la derecha) no sé si encontrará muchos que quieran hacerlo, porque, además de los que fueron muertos, no suelen aparecer quienes tengan intención de exponer las cosas como yo lo hago. Pero bien, aquí está este escrito de mi parte, quien no soy ningún “sembrador de anarquía” en el sentido que La Nación le da a esa palabra, sino que he sido estudiante del profesorado de Historia y conozco que los principales hechos de aquella década son los que aquí he referido, de los cuales soy contemporáneo.

¿Pueden llamarle a esto que han leído un “palabrerío”, como dicen acerca de lo muy débilmente argumentado por la centro izquierda hasta ahora para describir aquellos sucesos?
¿Quieren un debate?
¿Son capaces los editorialistas de La Nación a enfrentarse a ese debate, a darle la palabra a gente que, como yo, da una explicación con las necesarias líneas de descripción histórica para aquella etapa?
¿Pueden siquiera los trabajadores periodistas de La Nación, diario de profunda raigambre antidemocrática, compensar su colaboración asalariada para ese medio atendiendo a esta explicación que aquí he desarrollado sucintamente, y no ningunearla; no hacer como si no hubieran leído nada?

 Espero que alguien de alguna señal de intento por debatir esto.

Agradezco la lectura. Saludos.

Marcelo Ricardo Moreno
DNI:  13.481.303

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Éste es el editorial de La Nación del 23/11/2015:

No más venganza

La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos

LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2015

La senadora por Córdoba Norma Morandini escribió días atrás en estas páginas que la causa de los derechos humanos no se puede defender con mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas violaciones de derechos humanos como está ocurriendo en el país.

Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre.

Los trágicos hechos de la década del setenta han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular de la que en nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París, la conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial.

Se ocultó así lo que ya no puede taparse por más tiempo a la compresión de una sociedad cuya composición por edad ha ido cambiando en los últimos cuarenta años. A la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha distinguido con la absurda calificación de "juventud maravillosa".

La sociedad dejó aislados a esos "jóvenes idealistas", mientras el terrorismo de Estado los aplastaba con su poder de fuego, sin más salvedades que las de algunas voces aisladas, sin más ley que la de la eficacia de operaciones militares que tenían por objetivo aniquilar al enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes a quienes combatían.

Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional. Lo hicieron así al asumir el poder con apenas el 22 por ciento de los votos. Antes habían mirado en esos asuntos para otro lado.

Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional.

Días atrás, tal situación se ha agravado por una escandalosa decisión del Tribunal Oral de La Plata, que revocó la prisión domiciliaria de varios militares de avanzada edad, como los coroneles Carlos Saini y Oscar Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el almirante Antonio Vañek. Pareció una burla su coincidencia con el privilegio domiciliario concedido por esos días, por un tribunal del Chaco, a un mafioso de 65 años, condenado a 19 años de prisión por haber traficado más de mil kilos de cocaína a España.

En segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro. Uno ha sido el caso del juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, absuelto el año último tras siete años de acusaciones sobre supuestos delitos de lesa humanidad. El perverso armado de la causa salió a la luz por grabaciones aportadas como prueba, pero Hooft está afrontando nuevos ataques. También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial.

Sin más elementos que referencias mendaces aportadas por tres militares condenados como autores de las matanzas producidas en la denominada masacre de "Palomitas", se persiguió por más de diez años al ex juez federal de Salta Ricardo Lona. Éste se encuentra en prisión preventiva por supuestas fallas en la investigación de la muerte del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976. Se desconoce, en cambio, que el juez Lona había sido quien reunió las pruebas que llevaron a condenar a los partícipes del hecho, según lo reconoció la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otra parte, la acusación en su contra carece de validez pues la acción no se encuentra instada por los fiscales de la causa, sino por otros designados ad hoc por la cuestionada Procuración General de la Nación, careciendo por ello de atribuciones para impulsar la acción. Con casi 80 años y una grave enfermedad, Lona corre peligro de que los fiscales lo envíen a prisión solicitando la revisión del informe médico que desaconseja rotundamente su traslado a una cárcel.

La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo. O sea, la mentira de la que ha hablado la senadora Morandini.

El palabrerío de sujetos que han sido responsables de haber incendiado al país en los años setenta convencidos de que las armas de fuego y los explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor, eran la vía de acceso a una sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos responsables, ni a los jueces compenetrados de su misión, de actuar en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal.

Siempre será indispensable construir a partir de la verdad completa, apaciguar y no agotar la búsqueda de todos los medios necesarios para que se cumpla la imploración del papa Francisco de que todas las herramientas de la ley se activen "para evitar cualquier tipo de venganza y curar las heridas", aunque "sin dejar de mirar las cicatrices", como bien aportó.